Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas
Las redes sociales dejaron de ser hace tiempo una plaza pública para convertirse, demasiadas veces, en un basural emocional, un tribunal sin jueces y una fábrica industrial de estupidez amplificada.
Lo que antes era un comentario de sobremesa, una maledicencia de barrio o un prejuicio lanzado al aire, hoy adquiere velocidad de epidemia, estética de verdad y alcance de linchamiento. Y cuando la mentira viaja más rápido que la comprobación, la sociedad no se informa: se intoxica.
No se trata de demonizar la tecnología. Se trata de nombrar el desastre. En Santiago del Estero, las amenazas y pintadas vinculadas a supuestos tiroteos en escuelas obligaron a reforzar la presencia policial y derivaron en fuerte ausentismo estudiantil. El miedo, una vez viralizado, ya había hecho su trabajo. La red no solo multiplica el rumor: lo vuelve atmósfera.
Umberto Eco lo había dicho con una crudeza que hoy suena menos provocadora que descriptiva: “Internet promovió al tonto del pueblo al rango de portador de verdad”. Y ese es el núcleo del problema. No la libertad de expresión, sino la demolición de toda jerarquía del conocimiento. En la computadora o el celular opinan con idéntica impunidad el médico y el curandero, el juez y el barra brava, el investigador y el fabulador, el periodista serio y el operador cloacal. El especialista estudia; el energúmeno postea. Y muchas veces gana el energúmeno, porque llega primero, grita más y confirma prejuicios.
Las plataformas premian exactamente eso: velocidad, simplificación, impacto, indignación. No están diseñadas para buscar verdad, sino para retener atención. Por eso prosperan los clichés, las medias verdades, las acusaciones sin prueba, los recortes maliciosos, la edición tramposa y la sentencia instantánea.
UNICEF advirtió en informes recientes que niñas, niños y adolescentes están expuestos en el entorno digital a desinformación, interacciones inseguras y contenidos dañinos para los que muchas veces no están preparados. UNESCO, por su parte, trabaja específicamente sobre el daño que producen en redes la desinformación y los discursos de odio.
Aquí aparece otra miseria de época: la horizontalización del pensamiento no democratizó la inteligencia; democratizó la temeridad. Cualquiera cree que “tener una cuenta” equivale a “tener criterio”. Cualquiera cree que repetir una barbaridad con convicción la convierte en argumento. Cualquiera se siente habilitado a destrozar reputaciones, diagnosticar enfermedades, dictar condenas morales, inventar tramas políticas o señalar culpables sin una sola prueba. Y detrás de esa escena de aparente espontaneidad operan, además, fanáticos, aparatos partidarios, predicadores del odio, antisemitas, provocadores profesionales y mercenarios de la descalificación.
Ni siquiera el daño sobre los más chicos es una abstracción. Una revisión académica reciente sobre desafíos virales entre 2000 y 2024 concluyó que este tipo de retos pueden causar lesiones e incluso muerte. No hace falta exagerar: alcanza con mirar la evidencia. La lógica del “hacelo para pertenecer”, “subilo para existir” o “arriesgá para ser visto” ya se cobró demasiado. Cuando el algoritmo convierte la imprudencia en premio social, la frontera entre juego y tragedia se vuelve obscenamente fina.
Entonces la pregunta ya no es si las redes tienen problemas. La pregunta es por qué seguimos aceptando que funcionen como una selva sin ley y encima lo llamamos modernidad. No, no todo es falso en redes. Pero tampoco todo vale. Hay denuncia genuina, circulación útil, organización ciudadana y voces que antes no encontraban espacio.
El problema es que ese costado valioso convive con una maquinaria hecha para amplificar lo más tóxico, lo más rudimentario y lo más incendiario. La OCDE distingue con claridad entre misinformation —contenido falso compartido sin intención de dañar— y disinformation —contenido falso o engañoso difundido con intención—. Las dos existen. Las dos circulan. Y las dos hacen estragos cuando no hay alfabetización crítica ni responsabilidad de plataforma.
Por eso Argentina necesita discutir reglas claras. No para censurar opiniones, sino para exigir trazabilidad, responsabilidad, mecanismos eficaces contra campañas de odio, mayor protección para menores, sanciones frente a contenidos manifiestamente dañinos y transparencia sobre moderación, publicidad política y cuentas inauténticas. La Unión Europea ya avanzó con la Digital Services Act, que impone obligaciones a las plataformas para remover contenidos ilegales, reforzar la protección de derechos y someter a mayor supervisión pública a las grandes plataformas. No es una solución mágica, pero al menos parte de una premisa adulta: el espacio digital no puede seguir siendo tierra liberada.
La democracia no se fortalece cuando cualquiera puede destruir a cualquiera sin responder por nada. Se degrada. Se pudre. Porque una democracia sana protege la libertad, sí, pero también la verdad verificable, la honra de las personas, la niñez expuesta y el derecho colectivo a no vivir intoxicados por operaciones permanentes. No hay república posible si la conversación pública está secuestrada por el rumor, el odio y la viralización del disparate.
El paraíso de los idiotas dejó de ser una frase ingeniosa. Hoy es un modelo de negocios. Y mientras siga funcionando así, no estaremos ante un simple exceso de libertad, sino ante una forma perfectamente rentable de envilecer a la sociedad.